Las ventajas y los riesgos del uso de radiaciones, tanto en aplicaciones médicas, industriales o de investigación, son bien conocidos. El elevado riesgo potencial para la salud que implica su uso, hace necesario adoptar medidas especiales para la protección radiológica de pacientes, trabajadores, público y medio ambiente.

Seis organizaciones intergubernamentales con competencia en la materia, entre ellos la OPS, consensuaron las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación (NBIS), endosadas por la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana (resolución CSP24.R9) que establecen, entre otros requisitos técnicos, la necesidad de contar con autoridades reguladoras nacionales. Estamos ahora en la etapa de revisión de las NBIS cuya nueva edición esperamos complemente las normas establecidas.

De entre todas a las exposiciones de la población a la radiación artificial, la exposición médica es de largo el mayor contribuyente, y continúa una tendencia ascendente en todo el mundo. La repercusión que este incremento de la dosis de radiación en la población tendrá en el futuro es muy difícil de predecir. Como consecuencia, es necesario adoptar medidas especiales de protección radiológica del paciente para evaluar y controlar las dosis de radiación que las fuentes médicas proporcionan.

Varios accidentes radiológicos y sobre-exposiciones de pacientes han ocurrido en la Región, algunos de ellos con víctimas mortales. Esta eventualidad, junto con la actual coyuntura internacional de posibles actos terroristas usando material radiactivo, exige mejorar la preparación y respuesta a emergencias radiológicas en la Región.

La OMS tiene en marcha un proyecto internacional sobre los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos. En la Región existe una preocupación creciente de la población acerca de estos riesgos, mientras que las normativas y conocimientos técnicos en esta esfera son aún muy heterogéneos de unos países a otros.