La investigación del proyecto HIVE encontró que las agencias rectoras con frecuencia distribuyen mascarillas durante crisis eruptivas y que estas suelen ser mascarillas quirúrgicas sueltas (o de material similar) [4]. Sin embargo, los estudios de laboratorio mostraron que estas mascarillas ofrecen un nivel bajo de protección debido a un mal ajuste [3]. En un proyecto afiliado, dirigido por la Dra. Fiona McDonald (QUT, Australia), se desarrolló un marco para ayudar a las agencias a tomar decisiones sobre qué tipo de protección respiratoria recomendar/distribuir teniendo en cuenta principios éticos [12].

Algunas agencias solo recomiendan intervenciones de salud pública basadas en su eficacia conocida (el “principio de efectividad”), mientras que otras adoptan un enfoque de precaución, donde cualquier intervención es considerada mejor que ninguna intervención, incluso cuando hay una falta de evidencia de la eficacia de la intervención o el riesgo para la salud. Las agencias que distribuyen mascarillas quirúrgicas adoptan este último enfoque.

Desde que se completó el estudio HIVE, ha habido un cambio, hacia el principio de precaución, en las actitudes sobre el uso comunitario de protección respiratoria, como resultado de la crisis por la COVID-19 [13].

El proyecto también evaluó si las agencias debiesen tener un deber legal de asistencia, que surja de la ley de responsabilidad civil, para proporcionar advertencias sobre los riesgos para la salud asociados con los desastres de contaminación del aire y/o recomendar mascarillas como un mecanismo de protección para uso comunitario para reducir la exposición a partículas.

También existe la potencial responsabilidad si el recipiente de una máscara facial inadecuada alega que ha sufrido daños como consecuencia de su uso y solicita una indemnización [14]. Se necesita realizar investigaciones adicionales para determinar cómo puede funcionar el marco de negligencia en cada jurisdicción.